El gobierno argentino ha pedido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) que ordene medidas provisionales para detener la perforación de petróleo en el área marítima cercana a las Islas Malvinas.
El ITLOS es un órgano judicial independiente establecido por las Naciones Unidas (ONU) en 1982. Tiene jurisdicción sobre disputas relativas a la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La medida forma parte de las sanciones y otras acciones anunciadas por el presidente Javier Milei a principios de septiembre contra las empresas que encabezan el proyecto petrolero offshore Sea Lion en la Cuenca Norte de las Malvinas: la firma británica Rockhopper Exploration y su socia israelí Navitas Petroleum, así como sus asociados o accionistas.
La perforación está prevista para comenzar a principios de 2027.
El proyecto fue aprobado por el gobierno de las islas y respaldado por el Reino Unido. Argentina sostiene que las empresas planean perforar y extraer petróleo en una zona al norte de las Malvinas, sobre la cual Argentina reclama soberanía como parte de su plataforma continental.
Además de imponer varias sanciones a las empresas involucradas, el gobierno argentino dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para ordenar la detención del proyecto. El plazo venció el lunes sin que el gobierno británico tomara ninguna acción.
Los argumentos de Argentina
La solicitud presentada ante ITLOS “busca conservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar las actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido para profundizar la controversia reconocida por las Naciones Unidas”, afirmó un portavoz oficial, refiriéndose a la disputa de soberanía entre ambos países sobre las islas.
“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e inalienables derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, así como las zonas marítimas circundantes”, decía el comunicado.
Según el documento, la presentación forma parte de un proceso de arbitraje iniciado por el gobierno argentino el 28 de septiembre en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para “defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos.”
Aquel día, Milei indicó al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que iniciara los procedimientos de arbitraje conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y exigió que el Reino Unido impida el inicio o la continuación del desarrollo de hidrocarburos en Sea Lion.
En ese momento, el gobierno argentino advirtió que pediría al ITLOS que dictara medidas provisionales si el Reino Unido no respondía.
El Reino Unido rechazó la decisión de Argentina, diciendo que “planteaba preguntas” sobre la “fiabilidad como socio para el Reino Unido” y que “defenderán con firmeza” los deseos de los habitantes de las islas.
Más sanciones
El miércoles, una comisión de la Cámara de Diputados de Argentina discutirá un proyecto presentado por el gobierno titulado “Ley para la defensa de la soberanía nacional”, que busca endurecer las sanciones contra las empresas que extraen ilegalmente recursos naturales de la plataforma continental argentina, incluida la zona que rodea a las Malvinas.
La oposición se muestra cautelosa ante la disposición porque también incluye reformas controvertidas a la defensa nacional, la seguridad y la inteligencia.
La propuesta contempla fortalecer la defensa del país frente a posibles ataques externos mediante la creación de un Sistema Nacional de Seguridad dirigido por un Consejo Nacional de Seguridad, que estaría encabezado por el presidente e incluiría a los ministros y al jefe de la agencia de inteligencia de Argentina.
Aviso editorial: Aunque el Reino Unido se refiera al territorio de las Malvinas como las “Islas Falkland”, Argentina cuestiona enérgicamente ese nombre. El Buenos Aires Herald se refiere a las islas como las Islas Malvinas.
