La recuperación de restos humanos que se cree pertenecen a dos víctimas de la denominada masacre de Obligado, ocurrida a fines del siglo XIX en la provincia de Santa Fe, ha aportado nueva evidencia que podría ayudar a establecer lo que realmente ocurrió durante la infame matanza de pueblos indígenas.
La masacre de Obligado tuvo lugar en marzo de 1887, en una época en que el estado argentino aún definía sus fronteras y estaba inmerso en conflictos con las tribus indígenas que habitaban la región.
Si bien existen relatos sólidos de que la masacre ocurrió, los detalles sobre las particularidades son escasos, incluido el número real de víctimas. Esta incertidumbre podría finalmente aclararse gracias a un hallazgo reciente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A principios de agosto de 2026, el EAAF llevó a cabo una excavación arqueológica en San Antonio de Obligado, en el norte de Santa Fe, recuperando restos esqueléticos pertenecientes a dos individuos.
El equipo también identificó los límites de una fosa de enterramiento, allanando el camino para una excavación más amplia.
El trabajo fue ordenado por la Corte Federal de Reconquista a solicitud del fiscal Roberto Salum, quien designó al EAAF como perito en un Juicio por la Verdad.
Estos procedimientos, que forman parte del sistema judicial argentino, no conllevan cargos penales y buscan reconstruir lo ocurrido y localizar los restos de las víctimas.
“Para los juicios que buscan la verdad, los cuerpos son documentos,” dijo Juan Nóbile, el antropólogo del EAAF a cargo de la excavación, al Herald.
“A partir de los restos podemos descubrir la causa de la muerte y también extraer información sobre la sexualidad, la edad, las características generales de la población, y toda una serie de elementos que enriquecerán el caso.”
Nóbile afirmó que los dos cuerpos encontrados tenían los pies atados entre sí, lo que coincide con las descripciones de las víctimas dadas por el fraile encargado de la misión.
Un conflicto en la frontera del estado argentino
A finales del siglo XIX, las fronteras de Argentina se extendían apenas más allá de Buenos Aires. Con el fin de expandirse hacia territorios habitados por pueblos indígenas, el gobierno llevó a cabo campañas militares y sometió a numerosas comunidades nativas a asentamientos forzados conocidos en español como reducciones.
Así nació la ciudad de San Antonio de Obligado en 1884. Fue creada por —y lleva el nombre de— Manuel Obligado, un comandante militar responsable de la frontera norte de Argentina en Santa Fe.
Miembros de las comunidades Qom y Mocoví fueron mantenidos allí bajo la supervisión de la orden franciscana, tras un acuerdo con el gobierno nacional.
El objetivo declarado era construir un lugar que pudiera concentrar a los indígenas para que trabajaran la tierra, recibieran instrucción religiosa y fueran incorporados al sistema del estado.
El proyecto se presentó como una promesa de tierras para cultivar. Obligado les prometió la propiedad de esas tierras.
Más de 400 miembros de las comunidades indígenas Qom y Mocoví se asentaron inicialmente allí. En tres años, su número se elevó a más de 1,000, convirtiéndolo en uno de los asentamientos más importantes de su tipo en la región.
Sin embargo, la situación en el asentamiento se deterioró pronto.
Según el relato histórico del Ministerio de Educación de Santa Fe, los trabajadores indígenas recibían salarios sustancialmente menores que sus homólogos no indígenas. Los miembros indígenas del ejército también enfrentaban maltrato y castigos por parte de sus superiores.
Las cosas empeoraron a fines de 1886 después de que el Congreso aprobara la transferencia de territorio al norte de la frontera existente de Santa Fe hasta el paralelo 28, llevando San Antonio de Obligado a la jurisdicción de Santa Fe.
El cambio invalidó efectivamente los documentos provisionales de tierras que el gobierno nacional había otorgado a los residentes indígenas, dejándolos sin la propiedad de tierras que se les había prometido.
Lo que finalmente desencadenó una rebelión, según este relato, fue la demanda de Rudecindo Roca, entonces gobernador de la provincia de Misiones y hermano del presidente Julio Argentino Roca, de que se arrebatara a una niña indígena de la comunidad para trabajar en su molino de azúcar.
El secuestro de la niña se convirtió en un punto de inflexión.
La rebelión y las ejecuciones
El 7 de marzo de 1887, los miembros de las comunidades indígenas se levantaron. Ellos mataron al comandante militar de la reducción, el sargento mayor Marcos Piedras, y se apoderaron de las armas del ejército.
Las fuerzas militares fueron movilizadas desde Resistencia, Corrientes y Bella Vista, ciudades cercanas a Santa Fe. Propietarios de tierras y comerciantes de la zona se unieron a los esfuerzos para sofocar la rebelión.
Cuatro días después, el 11 de marzo, 16 indígenas que estaban prisioneros y no habían participado en el levantamiento fueron ejecutados por pelotón de fusilamiento, según el Ministerio de Educación de Santa Fe.
La fecha pasó a conocerse como el “Día de la Masacre Indígena en San Antonio de Obligado.”
Sin embargo, el número exacto de víctimas continúa siendo objeto de controversia.
El testimonio de un lugareño que participó en la masacre, tomado en su momento, sugiere que la cifra de muertos podría haber sido mayor. Relatos orales conservados por los descendientes de las comunidades Qom y Mocoví hablan de cientos de personas fallecidas.
Los restos de las víctimas supuestamente fueron enterrados en una fosa común. Más tarde se erigió en el sitio, que se cree fue el lugar de las ejecuciones, una cruz conocida como Cruz Alta.
Juan Nóbile dijo al Herald que, aunque el EAAF busca inicialmente los restos de las 16 personas ejecutadas según los registros oficiales, “siempre miramos más allá de los documentos y trataremos de ver si hay alguna viabilidad en las historias contadas por los lugareños”.
Juicio por la Verdad
La investigación ante la Corte Federal de Reconquista comenzó en septiembre de 2020, después de que comunidades Qom en la zona solicitaran una investigación oficial sobre la masacre y la ubicación de los restos de sus antepasados.
Investigadores de la Universidad de La Plata, del Grupo de Investigación Universitaria en Antropología Social Colectiva (GUIAS, en español) y de la Universidad Nacional de Córdoba aportaron evidencias documentales e históricas, junto a testimonios conservados por descendientes de Qom y Mocoví.
El EAAF realizó la primera inspección del sitio en 2023, con el consentimiento de las comunidades indígenas locales. La excavación más reciente siguió a nueva información obtenida durante la investigación.
El hallazgo de restos de dos individuos y la identificación de la fosa de enterramiento podrían permitir a los investigadores ampliar la búsqueda.
El Juicio por la Verdad está destinado no solo a aclarar lo ocurrido, sino también a respaldar una demanda de reparación histórica para las comunidades indígenas.
Más de un siglo después de las masacres, la excavación en San Antonio de Obligado busca convertir una historia preservada en la memoria comunitaria en evidencia física y documental de la masacre.
Fotos de Marco Bufano (cortesía de EAAF)
