El Senado aprobó modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal del gobierno, destinada a fomentar que los argentinos lleven a la economía formal los dólares ahorrados, con una supervisión de las autoridades menor. Los cambios incluyen más beneficios fiscales y menos restricciones.
La ley de Inocencia Fiscal fue aprobada inicialmente el pasado diciembre. Elevó el umbral de evasión fiscal y aplicó el principio de inocencia para evitar sancionar a los ciudadanos por depositar sus ahorros no declarados en los bancos sin explicar su origen.
Sin embargo, la inscripción en el nuevo sistema estuvo por debajo de las expectativas del gobierno, por lo que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, propusieron modificaciones para hacerlo más atractivo, con la esperanza de atraer dólares muy necesarios al sistema bancario.
La Cámara Baja aprobó los cambios a finales de agosto, y el Senado dio su aprobación final la noche del jueves, con 44 votos a favor y 23 en contra. El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza y de los bloques aliados PRO y UCR, así como de bloques provinciales menores.
La versión actualizada de la ley, conocida como Inocencia Fiscal II, es menos rigurosa respecto a las “discrepancias significativas” detectadas al registrar las sumas y eleva los umbrales de ingresos para quienes desean ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias creado en diciembre.
Tras su aprobación en el Senado, afirmó el portavoz presidencial Adrián Ravier: “El proyecto mantiene el espíritu del régimen vigente y incorpora enmiendas técnicas, desarrolladas en colaboración con especialistas tributarios, para fortalecer la certeza jurídica y brindar a los argentinos una mayor confianza en poner a trabajar sus ahorros.”
“Con reglas claras, los ahorros vuelven a la economía formal y se transforman en crédito para financiar el crecimiento de Argentina,” añadió el funcionario.
El gobierno estima que alrededor de US$170 mil millones se encuentran actualmente fuera de la economía formal.
Además, el Senado aprobó una reforma a la ley de biocombustibles, que beneficia a las provincias que producen caña de azúcar, maíz y soya. El proyecto eleva los niveles obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiesel y establece un periodo de transición para las empresas no integradas. Ahora debe ser considerado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Los cambios principales a la Inocencia Fiscal
La nueva ley establece un método distinto para calcular el impuesto a la renta, mediante el cual los contribuyentes no están obligados a presentar una declaración de bienes al inicio o al final de un año fiscal. Las autoridades deben presumir que la persona no está evadiendo impuestos.
La ARCA presumirá que los activos declarados en 2025 están en orden, y también aceptará como válidos los de 2024 y 2023. Si ARCA sospecha que un contribuyente está evadiendo impuestos, deberá demostrarlo.
Si bien el ministro Caputo anunció inicialmente que sería un sistema permanente para formalizar los dólares guardados sin riesgo, la ley fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otro cambio es que los grandes contribuyentes con ingresos superiores a AR$1.000 millones (US$653.600) o un patrimonio neto mayor a AR$10.000 millones (US$65.359.400) podrán inscribirse en el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, no disfrutarán del beneficio de que ARCA dé por válidas las declaraciones de ingresos previas y podrían estar sujetos a revisiones.
Además, ARCA solo declarará que existe una “discrepancia significativa” entre las declaraciones del contribuyente y los datos de la autoridad tributaria cuando haya una diferencia del 15% o cuando la discrepancia represente un 5% o más de lo que se considera evasión fiscal según la Ley Penal Tributaria. Eso equivale a unos AR$5 millones (US$3.200).
Si la diferencia supera esa cantidad, el contribuyente deberá enmendar su declaración de impuestos y pagar el impuesto más intereses, manteniendo los beneficios del régimen fiscal.
El esquema también reduce los requisitos para reportar bienes y gastos personales y establece que los legisladores, jueces y funcionarios del poder ejecutivo —incluido el presidente— no serán elegibles para los beneficios del sistema simplificado del impuesto a las ganancias.
Además, el proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos en los últimos cinco años participar en este sistema. La ley originalmente permitía la incorporación de funcionarios públicos al sistema y la obtención de sus beneficios, y varios miembros de La Libertad Avanza lo hicieron en meses recientes.
La modificación a la ley de Inocencia Fiscal debe ser ahora promulgada por el gobierno para entrar en vigor.
