La Corte Suprema de Argentina revocó un fallo de un tribunal inferior que, el martes, había bloqueado un artículo incluido en el megadecreto de 2023 del presidente Javier Milei, que derogó la Ley de Tierras del país. Esta norma, aprobada en 2011, impone límites a la cantidad de tierras rurales que pueden ser propiedad de extranjeros.
Aunque la sentencia no declara directamente que el decreto que deroga la ley sea constitucional, sus efectos prácticos son que se han levantado los límites a la propiedad extranjera de tierras establecidos por la ley.
Según la resolución, los tres magistrados —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— basaron su decisión en que el grupo de Veteranos de la Guerra de Malvinas que impugnó la derogación no estaba legalmente legitimado para presentar el caso.
De un decreto a la Corte Suprema
Pasada en 2011, la Ley de Tierras establecía que las personas y empresas extranjeras no podían poseer más del 15% de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal.
También fijaba un límite de 1.000 hectáreas para un único titular extranjero en la región agrícola central de Argentina.
La ley fue uno de los objetivos de Milei cuando emitió el DNU 70/23 en diciembre de 2023, poco después de asumir. El amplio decreto modificó o derogó cientos de leyes como parte del programa de desregulación de su gobierno.
El artículo 154 del decreto derogó la Ley de Tierras, eliminando así las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales.
Sin embargo, la disposición fue impugnada de inmediato ante los tribunales por el Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de La Plata, conocido como CECIM. Un juez federal restableció inicialmente la Ley de Tierras, y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró posteriormente inconstitucional la sección pertinente del DNU.
En 2024, el gobierno llevó el caso ante la Corte Suprema, que emitió su veredicto el martes.
La corte dijo que CECIM no tenía la legitimación legal requerida para presentar el caso y que no existía una disputa legal colectiva calificable ante la corte.
Los jueces añadieron que su decisión “no constituye una sentencia sobre la validez constitucional del Artículo 154” y no interfiere con el papel del Congreso.
No obstante, como el artículo vuelve a estar vigente, las personas y empresas extranjeras, así como los estados extranjeros, pueden adquirir tierras rurales sin las limitaciones del 15% a nivel nacional, provincial y municipal ni el límite de 1.000 hectáreas en la región agrícola central.
El Congreso y la Ley de Tierras
Con la medida cautelar de la corte federal todavía en vigor, la administración de Milei intentó derogar la ley a través del Congreso.
En agosto, el bloque de la facción gobernante presentó una amplia reforma de la propiedad privada que habría eliminado por completo las restricciones a la propiedad extranjera.
Bajo la presión de aliados dentro del parlamento, el gobierno modificó la iniciativa para proponer elevar el límite del 15% al 25%.
Ese compromiso tampoco logró obtener suficiente apoyo. En medio de una fuerte oposición política y social, el gobierno retiró el capítulo que trataba de la propiedad extranjera del proyecto de ley antes de que este llegara a votación en el Senado.
La retirada dejó en vigor el límite del 15%.
Qué ocurre ahora
Aunque el Senado rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024, conforme a la ley que rige los decretos de emergencia presidencial, un DNU es derogado por el Congreso solo si ambas cámaras lo rechazan.
Como resultado, el decreto se mantiene en vigor a menos que la Cámara de Diputados también lo rechace.
Esto significa que, mientras el rechazo parlamentario no esté completo, el efecto inmediato de la sentencia de la Corte Suprema es la eliminación de la Ley de Tierras.
La diputada de izquierda Myriam Bregman ha pedido a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/23. “El decreto debe ser anulado ahora”, afirmó, argumentando que así se resolverían muchos de los conflictos que rodean a la Ley de Tierras.
Si la Cámara de Diputados también lo rechaza, perdería su fuerza legal. Eso eliminaría el Artículo 154, y la Ley de Tierras volvería a estar vigente, incluyendo su tope del 15% para propiedad de extranjeros.
Aviso editorial: Aunque el Reino Unido se refiere al territorio de las Malvinas como las “Islas Falkland”, Argentina cuestiona firmemente ese nombre. El Buenos Aires Herald se refiere a las islas como las Islas Malvinas.
