Esta pieza fue coescrita por Marina Peña y Juan Pérgola
La científica Virginia Aparicio fue despedida a finales de octubre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, por sus siglas en español) de Argentina, por presuntas irregularidades en su investigación sobre los efectos de los agroquímicos en las personas, los animales y el medio ambiente.
Aparicio y muchos en la comunidad científica argentina, por su parte, han descrito su despido como una persecución flagrante.
La científica y sus colegas basan sus afirmaciones en el hecho de que el INTA dificultó una presentación pública programada de sus hallazgos en 2023, la cual revelaba una exposición generalizada a pesticidas entre los participantes argentinos y, por ende, planteaba serias preocupaciones de salud pública.
El INTA también retiró su participación del proyecto internacional de Aparicio relacionado con esta investigación y dio inicio a una investigación contra ella en diciembre de 2023. Esa investigación llevó finalmente a su despido en octubre de 2026, alimentando las sospechas de que había sido castigada por una investigación que podría resultar perjudicial para el sistema de producción agrícola de Argentina.
Las razones que dio INTA para su despido
Aparicio, quien tiene un doctorado en ciencias agrarias, había trabajado en el INTA durante más de 20 años, investigando agroquímicos, y también era investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET).
La Junta Directiva del INTA aprobó formalmente su despido el 26 de octubre, tras una investigación administrativa iniciada en 2023 sobre presuntas irregularidades en su investigación.
Las alegaciones se centraron en un proyecto de investigación internacional conocido como SPRINT (Transición hacia una Protección de Plantas Sostenible: Un Enfoque Global de Salud), lanzado en 2020 para investigar la exposición a pesticidas y sus posibles efectos en la salud humana y el medio ambiente.
Financiado por la Unión Europea y coordinado por Wageningen University & Research en los Países Bajos, el proyecto tenía como objetivo “evaluar los impactos de los pesticidas y sus mezclas en la salud humana, las plantas, los animales y el medio ambiente.”
En 2023, el proyecto planteó preocupaciones inquietantes sobre la exposición a pesticidas en Argentina.
Aparicio y otros investigadores detectaron glifosato en casi el 90% de las muestras de sangre humana y clorpirifos en el 37,7%. Residuos de pesticidas también se hallaron en agua superficial, aire, alimentos, polvo doméstico y suelo.
El INTA suspendió posteriormente la presentación pública de estos resultados en junio de 2023, retiró a Aparicio del proyecto e inició procedimientos disciplinarios en diciembre de 2023 que, en última instancia, llevaron a su despido en octubre de 2026.
Aparicio recibió la sanción disciplinaria más severa conforme a las leyes argentinas de empleo público. La medida la aparta de forma permanente del INTA y le prohíbe continuar trabajando en la administración pública nacional.
La decisión de despedir a Aparicio, formalmente conocida como Resolución No. 366, fue firmada por Nicolás Bronzovich, presidente de la Junta Directiva del INTA. Le acusa de violar leyes que prohíben el uso de la autoridad oficial para fines ajenos a sus funciones y del uso indebido de los recursos estatales.
Entre las principales alegaciones, el INTA cuestionó el traslado de muestras biológicas humanas desde Argentina a laboratorios en el extranjero. El acuerdo original preveía que los análisis se realizaran en Argentina, pero las muestras se enviaron al extranjero sin evidencia de la autorización institucional requerida. Los fondos del proyecto también se utilizaron para cubrir los costos de envío.
El INTA también cuestionó la implicación del exinvestigador José Luis Costa, pareja de Aparicio, que ya no tenía una afiliación institucional activa. Se le habría asignado funciones de coordinación y se le habría otorgado acceso a información confidencial sin la debida autorización formal.
Entre las demás preocupaciones se encontraban la gestión de fondos de la Unión Europea y la sustitución del comité de ética previsto en el convenio de subvención por un organismo externo.
Lo que Aparicio y su defensa han dicho
Aparicio publicó un video en Instagram el 28 de octubre instando a sus simpatizantes a seguir manteniéndose a su lado.
“Se lanzó una campaña para desacreditar tanto la investigación como mi papel dentro de ella. La investigación concluyó con mi despido del servicio público, una decisión dictada por la Junta Directiva y su presidente del INTA,” dijo Aparicio.
“Estoy infinitamente agradecida por todo el apoyo, y les pido que sigan apoyándome; el INTA debe rendir cuentas por violar los derechos de los voluntarios que participaron en este proyecto, voluntarios a quienes les debemos la información que ahora poseemos,” dijo.
Ese mismo día, su abogado, Mario Bolla, dijo al medio La Izquierda Diario que estaba preparando un recurso legal ante la justicia federal en Mar del Plata para revocar la sanción y permitir que Aparicio siga trabajando.
Bolla también cuestionó las severas sanciones impuestas, que van más allá de impedirle continuar su investigación en el INTA. También incluyen una prohibición de ocupar empleos en el sector público durante al menos cinco años, a pesar de que la agencia reconoció que ella no obtuvo provecho personal de la presunta mala conducta y no tenía antecedentes disciplinarios, como señaló el abogado.
Aparicio también tenía prohibido reunirse formalmente con los voluntarios supervisados durante el estudio.
Bolla afirmó que la decisión tenía implicaciones más amplias.
“Esta medida no solo destruye la carrera de una destacada científica; también viola el derecho del público a acceder a información ambiental e información sobre la salud pública —obligaciones asumidas por el Estado argentino cuando ratificó el Acuerdo de Escazú en su ley,” dijo a la Página 12.
La controversia fue ganando mayor atención a lo largo de 2026 a medida que surgían informes de que Aparicio podría perder su empleo.
Lo que dice la comunidad científica argentina
A lo largo del proceso, asociaciones profesionales y sindicatos criticaron las acciones del INTA, argumentando que equivalían a una persecución gubernamental y censura destinada a evitar que los hallazgos de la investigación se hicieran públicos.
Para respaldar sus afirmaciones, señalan varios factores, entre ellos lo que describen como el primer despido de este tipo en los 70 años de historia del INTA, la decisión de la agencia de bloquear la presentación de los hallazgos de la investigación de Aparicio y la severidad de la sanción impuesta, a pesar de que Aparicio no obtuvo beneficio alguno de la supuesta conducta indebida.
Organizaciones como la Universidad Nacional de Río Negro y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se opusieron públicamente a su despido.
Los voluntarios de SPRINT también expresaron preocupación.
“Grandes cantidades de pesticidas fueron halladas en mi cuerpo, y exijo el fin de la persecución de nuestra colega Virginia Aparicio,” dijo Nair Pereira, una voluntaria de SPRINT y investigadora de CONICET, en un video difundido a través de la cuenta de Instagram Todxs por Virginia.
Ana Vélez, otra investigadora de CONICET, también expresó su apoyo.
“No al despido de Virginia Aparicio, y basta de la persecución de la comunidad científica,” dijo Vélez.
Aparicio, mientras tanto, ha seguido exigiendo libertad científica y acceso público a los hallazgos de la investigación SPRINT.
“Debemos reconocer que en una democracia no podemos tolerar la censura, la persecución ni la supresión de la libertad de investigar,” dijo en su video de Instagram. “La ciencia se combate con más ciencia, no con menos.”
