El gobierno argentino privatizó la gestión de ocho tramos importantes de rutas nacionales, que suman 3.900 kilómetros de carreteras repartidos en 11 provincias, este lunes.
Las ocho empresas adjudicatarias se harán cargo de operar y mantener esas vías durante dos décadas.
La medida se produce en un contexto en el que el presupuesto del Estado para operar y mantener las rutas nacionales se ha reducido en casi un 80% desde que el presidente Javier Milei asumió en 2023, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El presupuesto asignado este año a las rutas nacionales — AR$563 mil millones o US$371 millones al tipo de cambio oficial — es el más bajo en más de tres décadas, dijo la ACIJ al diario La Nación.
El informe también destacó que seis de cada diez kilómetros de esas vías se encuentran en mal o regular estado.
La privatización de las rutas se formalizó mediante una resolución emitida por el Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial el lunes.
La resolución señala que las ocho empresas serán responsables de construir, gestionar, ampliar, mantener y reparar esos tramos de las rutas nacionales asignados a ellas y también podrán obtener ingresos adicionales mediante el cobro de peajes.
Esta es la tercera etapa de un plan más amplio lanzado en 2025, destinado a privatizar la gestión de un total de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, “que concentran aproximadamente el 80 por ciento del tráfico del país”, informó la Administración Nacional de Vialidad.
Supervisión estatal
La Administración Nacional de Vialidad estará a cargo de supervisar el cumplimiento de los contratos suscritos por las empresas privadas, con el objetivo de “garantizar que los corredores sean seguros y ofrezcan niveles de servicio adecuados para los usuarios.”
Esas rutas privatizadas ahora se gestionarán sin subsidios del gobierno nacional, “dejando atrás esquemas derrochadores y avanzando hacia un sistema más eficiente orientado a mejorar la calidad de la Red Nacional de Carreteras”, indicó la oficina en un comunicado.
En la misma línea, el Ministerio de Economía afirmó que contar con un “100% de inversión privada” permitirá carreteras “más seguras y eficientes.”
Motosierra
Desde que asumió la presidencia, Milei ha prácticamente paralizado las obras públicas, e incluso detenido algunos proyectos que estaban a punto de terminarse, como parte de su esfuerzo por reducir el déficit fiscal.
Según el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), la inversión en obras públicas fue un 84% menor en julio que en el mismo mes de 2023.
El recorte al presupuesto de obras públicas refleja la “mentalidad de la motosierra” de Milei de recortar el gasto público al mínimo indispensable.
Su gobierno ha comenzado recientemente a anunciar licitaciones para que el sector privado se haga cargo de servicios públicos como la operación de carreteras.
Hace dos semanas, el gobierno nacional también anunció un plan para ampliar la red eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires —la más poblada de Argentina— mediante una inversión privada inicial de US$800 millones.
La licitación, que aún no ha sido formalmente lanzada, sería la primera de 16 obras privadas destinadas a añadir 5.600 kilómetros de cable eléctrico a la red nacional.
