Un tribunal de La Plata juzgará a un exgerente de Molinos Río de la Plata, una de las empresas acusadas de colaborar con el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina, por el secuestro de tres trabajadores de la empresa.
Emilio Jorge Parodi era el gerente de personal de la fábrica de la empresa en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1976. Se le acusa de haber sido partícipe imprescindible del secuestro de tres trabajadores que continúan desaparecidos hasta la actualidad.
Francisco Fernández, Roberto José Rivolta Bonino y Santos Ojeda, las víctimas, eran miembros de la organización sindical Agrupación 17 de Octubre y fueron secuestrados mientras entraban o salían de su lugar de trabajo en las primeras horas de la mañana del 7 de julio de 1976.
En aquel momento, Molinos Río de la Plata era una de las mayores empresas de Argentina, principalmente dedicada a la producción de harina, aceite y productos derivados. Creció considerablemente durante y después de la dictadura de 1976-1983 y sigue siendo uno de los principales productores de alimentos del país.
Un informe de 2016 del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que examinaba la implicación de empresas de gestión civil en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, señaló que Molinos Río de la Plata “participó en el secuestro de sus empleados” al proporcionar información sobre ellos y facilitar el acceso a ellos por parte de las fuerzas armadas.
El juicio contra Parodi dará inicio el jueves.
En los últimos años, varias personas que ocuparon cargos de poder en grandes empresas durante la dictadura han sido condenadas o juzgadas por colaborar con el terrorismo de Estado. En 2023, el empresario Marcos Levin fue declarado culpable de torturar y secuestrar a 17 de sus empleados en 1977.
La acusación
Parodi, de 85 años, se encuentra en detención preventiva desde 2023 y es la única persona imputada en el caso.
Al ordenar el juicio oral, el juez Ernesto Kreplak afirmó que los secuestros de Ojeda, Fernández y Rivolta Bonino “no podrían haberse llevado a cabo sin la colaboración del acusado”, ya que supuestamente puso a disposición de los captores las instalaciones de la fábrica y facilitó los arrestos de las víctimas.
“Estas circunstancias permitieron identificar específicamente a las víctimas —en medio de un caudal considerable de trabajadores que entraban y salían— y para que las fuerzas represivas las aprehendieran y detuvieran, y, finalmente, para trasladarlas fuera del lugar de trabajo”, declaró Kreplak en su fallo.
“El acusado desempeñó un papel en estos hechos no solo estando al tanto de ellos, sino también contribuyendo a que ocurrieran”, añadió el juez.
La organización de derechos humanos Centro de Estudios Sociales y Jurídicos (CELS, por sus siglas en español) indicó en un comunicado que el juicio abordará solo tres secuestros, aunque “la represión contra los trabajadores de Molinos dejó, al menos, 27 empleados y representantes sindicales desaparecidos y asesinados.”
Los tres secuestros
Ojeda, de 24 años en aquel momento, era representante sindical y fue secuestrado a las 5 de la mañana del 7 de julio de 1976, cuando salía de su puesto de trabajo. CELS dijo que fue llevado en un coche por hombres armados vestidos de civiles que se identificaron como integrantes de las fuerzas de seguridad. Testigos afirmaron que los mismos hombres ya habían pedido previamente a Parodi que identificara a Ojeda.
Rivolta Bonino y Fernández fueron secuestrados entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando estaban a punto de iniciar su jornada laboral. Testigos dijeron que cuando Fernández fue a fichar, le faltó la tarjeta de registro.
“Por eso recibió una llamada desde la garita de seguridad de la empresa, donde esperaban a las personas que lo secuestraron,” declaró Marcelo Arnoldo Flamenco en el caso.
CELS indicó que Molinos Río de la Plata se convirtió en una de las empresas más rentables de Argentina, especialmente durante la dictadura. “Después de despidos, retiros voluntarios y desapariciones, sus ganancias aumentaron exponencialmente”, señaló la organización.
“Los trabajadores más activos en las luchas laborales fueron perseguidos, y muchos de ellos están desaparecidos”, añadió.
Según el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, los directivos de la empresa “ofrecieron a varios empleados” vinculados al sindicato “la posibilidad de recibir dinero a cambio de su renuncia.” Solo algunos aceptaron. Los secuestros siguieron.
El mismo informe señala que 21 exempleados de Molinos desaparecieron, cuatro se confirmó que fueron asesinados y uno fue secuestrado pero sobrevivió. Todos habían participado en actividades sindicales. A una hija de uno de ellos también se le arrebató de su familia.
