El gobierno británico anunció el martes que enmendaría su legislación para “proteger” a las empresas y personas implicadas en la perforación de petróleo en las Malvinas. La decisión llegó apenas horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara haber presentado un caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo sobre la explotación de recursos en las Islas Malvinas.
“El Reino Unido no dudará en proteger a las empresas e individuos británicos,” comienza la declaración oficial. El objetivo es salvaguardar a las compañías británicas “de presiones para cumplir con medidas domésticas argentinas y asegurar que las personas y empresas del Reino Unido involucradas en actividades legales alrededor de las Islas Malvinas puedan y seguirán tomando decisiones comerciales de acuerdo con la ley británica.”
La declaración apunta específicamente a acciones que podrían afectar a la empresa petrolera británica Rockhopper, que, junto con Navitas de Israel, está desarrollando el proyecto Sea Lion en aguas situadas al norte de las islas.
“El Reino Unido apoya el derecho de los habitantes de las Malvinas a desarrollar sus recursos naturales para su propio beneficio económico,” añade la declaración. “Las decisiones sobre el desarrollo económico en las Islas Malvinas son asuntos del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas involucradas.”
El gobierno británico también dijo que está “colaborando estrechamente” con las empresas afectadas para ofrecerles apoyo.
La declaración también señala que “el gobierno está preparando medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI)”, enfatizando que el Reino Unido “no vacilará” en proteger a las empresas e individuos británicos.
La Ley de Protección de Intereses Comerciales (PTI) es una norma británica de 1980 diseñada para proteger a individuos y empresas británicos de leyes extranjeras, fallos judiciales y requerimientos de alcance extraterritorial que afecten los intereses comerciales del Reino Unido. Ya se ha invocado en casos relacionados con sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán que afectaron a intereses comerciales británicos. La ley permite a las empresas negarse a cumplir posibles sanciones y buscar compensación cuando resulten perjudicadas por tales medidas.
“Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará donde Argentina busque obstaculizar la actividad comercial legal del Reino Unido,” afirmó el Secretario de Negocios y Comercio, Jonathan Reynolds.
Por su parte, el Secretario de Exteriores, Ed Miliband, declaró que el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es “firmemente decidido”.
Con un lenguaje contundente, su declaración afirma que los intentos de Argentina de “intimidar” a empresas e individuos involucrados en actividades comerciales legítimas son “inaceptables.” Añade además que “las empresas deben ser libres para tomar decisiones comerciales legales sin la amenaza de coacción política.”
La declaración también advierte que el gobierno británico “siempre defenderá a los habitantes, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a perseguir un desarrollo económico legítimo.”
Aclaración editorial: Aunque el Reino Unido denomina al territorio de las Malvinas como las “Islas Falkland”, Argentina cuestiona enérgicamente ese nombre. El Buenos Aires Herald se refiere a las islas como las Islas Malvinas.
