Un juez federal dictaminó que era inconstitucional que el gobierno argentino se negara a cumplir con una ley de 2025 que exige aumentar la financiación de las universidades públicas y ordenó a las autoridades implementarla.
Según medios locales, el gobierno apelará la decisión. El Ministerio de Capital Humano no respondió a una solicitud de comentario de la Herald.
La sentencia añade otro capítulo al tira y afloja judicial sobre la ley. Varios jueces han ordenado al gobierno liberar los fondos requeridos por la norma, mientras las autoridades se han negado a hacerlo alegando que la ley no especifica de dónde deberían provenir los recursos.
La comunidad educativa también ha emprendido acciones legales durante el último año para exigir la plena aplicación de la ley, además de realizar varias protestas masivas. La próxima marcha para defender las universidades públicas se realizará el 15 de octubre.
Desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, las universidades públicas han visto una fuerte reducción de su financiación como parte de los recortes presupuestarios más amplios del gobierno. Las transferencias a las universidades nacionales se encuentran actualmente alrededor de un 40% por debajo de su nivel de 2023, según el Instituto de Investigaciones en Economía de la Universidad de Buenos Aires (IIEP-UBA).
Los recortes también han afectado los salarios universitarios, que han perdido aproximadamente un 34% de su poder adquisitivo.
La decisión
El martes, el juez Martín Cormick emitió una resolución que desafía el decreto que el gobierno publicó para frenar la implementación de la ley.
El decreto, publicado en octubre de 2025, justificó la suspensión de la ley —aprobada por el Congreso en agosto de ese año— argumentando que no estaba claro su origen de financiamiento.
Antes de eso, el gobierno había intentado vetar la ley, pero la decisión fue revocada por los legisladores.
El juez Cormick dijo que la justificación del gobierno para evitar la aplicación de la ley era “irracional,” y que equivalía a “una forma de veto no prevista en la Constitución Nacional.”
Por lo tanto, el decreto del gobierno “ha funcionado como una herramienta extra-constitucional” para bloquear una norma aprobada por el Congreso, añadió.
Cormick ordenó a las autoridades nacionales “cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario” mediante la promulgación de las reglas regulatorias y de implementación necesarias para ese fin.
La sentencia respondió a una solicitud de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y las universidades públicas, así como a una demanda presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Protestas
La sentencia llega en medio de nuevas tensiones por la ley de financiamiento, con profesores y personal en huelga en las últimas semanas y una protesta programada para el 15 de octubre en Buenos Aires. Esta será la quinta marcha para defender las universidades públicas y reclamar mejores condiciones desde abril de 2024, y se replicará en todo el país.
Además, la mañana del miércoles marcó la fecha límite para que el gobierno cumpla con otra sentencia del juez Cormick respecto a la ley de financiamiento, que establecía que las autoridades debían cumplir con una parte de la norma que elevaba los salarios de los empleados.
El miércoles por la tarde, las autoridades universitarias que forman parte de la Comisión Interuniversitaria Nacional celebrarán su reunión mensual en la Plaza de Mayo, frente al palacio presidencial, la Casa Rosada, como una forma de pedir la implementación de la ley.
El martes también fue un día importante para las universidades públicas, ya que la UBA concedió a la estrella del fútbol Lionel Messi un doctorado honoris causa en el día de su despedida como miembro de la selección masculina argentina.
