La Corte Suprema de Argentina restableció temporalmente las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales al suspender un artículo del megadecreto de 2023 del presidente Javier Milei, que derogaba la Ley de Tierras.
La ley, que fue aprobada en 2011, fija un tope del 15% para la propiedad de tierras por extranjeros.
La decisión de los jueces llega diez días después de que el mismo tribunal eliminara todas las restricciones a la compra de tierras por extranjeros en un fallo que restableció el controvertido artículo del decreto de Milei.
Ese fallo provocó una ola de indignación pública, llevando a legisladores de la oposición a proponer rechazar la totalidad del decreto 70/2023.
La nueva sentencia de la Corte Suprema suspende temporalmente el Artículo 154 del decreto, restableciendo la Ley de Tierras (Ley 26.737) mientras un tribunal de menor instancia revisa un desafío legal contra la medida.
Las restricciones de la Ley de Tierras incluyen un tope nacional que limita la propiedad extranjera al 15% de toda la tierra rural, un límite del 15% de propiedad por parte de nacionales de cualquier país extranjero, y un tope de 1.000 hectáreas en la zona agrícola núcleo.
La ley también restringe la propiedad extranjera de tierras cercanas a grandes masas de agua y a determinadas zonas fronterizas.
El megadecreto 70/2023 de Milei, que derogó la Ley de Tierras, también enmendó o dejó sin efecto cientos de otras leyes como parte del programa de desregulación de su gobierno.
Aunque el Senado rechazó el decreto en marzo de 2024, un DNU solo puede ser derogado por el Congreso si ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, lo rechazan.
La nueva sentencia
La nueva decisión de la Corte Suprema no resuelve la disputa subyacente sobre la constitucionalidad de la derogación.
El caso fue presentado por la legisladora provincial María Magdalena Odarda, la ONG ambientalista Árbol de Pie (Standing Trees), y representantes de las comunidades indígenas Lafkenche y Lof FVTA Anecon.
Buscan que se declare inconstitucional y nulo el Artículo 154, argumentando que derogar la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia amenaza la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas.
En su fallo mayoritario, la Corte Suprema señaló que la inusual historia procesal del caso había dejado sin respuesta las peticiones de las demandantes.
Dijo que era necesaria una medida provisional para garantizar una protección judicial efectiva y evitar un “daño irreparable” mientras el proceso volvía al tribunal competente.
Los jueces citaron el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece “el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como la obligación de protegerlo.”
También se refirieron al Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales y reconoce la posibilidad de medidas provisionales para prevenir o mitigar daños ambientales.
El tribunal ordenó que el caso volviera a la Corte Federal de San Carlos de Bariloche, donde comenzó el proceso judicial, que debe determinar si las demandantes tienen legitimación para intervenir y examinar su solicitud de medida cautelar.
Por lo tanto, aunque la sentencia restablece temporalmente las restricciones, deja sin resolver la cuestión más amplia sobre la validez de la derogación.
