Estudiantes, docentes y empleados de las universidades públicas llevan a cabo su quinta marcha para exigir un aumento de la financiación y de los salarios del sector, mientras el presidente Javier Milei continúa negándose a implementar una ley que les otorgaría lo que reclaman.
La ley de financiamiento de las universidades públicas fue aprobada en 2025 y, aunque se promulgó, la administración de Milei no ha logrado ponerla en vigor.
Los manifestantes marchan por las principales ciudades del país durante la tarde del jueves. En la Ciudad de Buenos Aires, se congregan frente al Congreso, donde legisladores de la oposición buscaban defender una ley que limita las compras de tierras por extranjeros y que Milei había intentado eliminar.
Aunque la sesión no llegó a celebrarse, los manifestantes contra este tema también se unieron a la marcha de las universidades.
La primera marcha de las universidades tuvo lugar en abril de 2024, apenas cuatro meses después del inicio del gobierno de Milei, para protestar por los severos recortes de financiación que sufrió el sector. La comunidad continuó marchando exigiendo más recursos y contra la negativa de la administración nacional a cumplir la ley.
La cronología de la ley
El Congreso aprobó la ley de financiamiento de las universidades públicas en agosto de 2025. El presidente Milei la vetó días después, alegando que iba en contra de sus metas de déficit cero.
Al mes siguiente, ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto, lo que convirtió el proyecto de ley en ley.
El gobierno no tuvo opción más que promulgar la ley, pero lo hizo sin asignar recursos presupuestarios para su implementación.
Más tarde suspendió la implementación de la ley mediante un nuevo decreto, alegando que no podría entrar en vigencia hasta que se estableciera la fuente de financiamiento —aunque esa información ya está especificada en la ley.
El Consejo Nacional Interuniversitario y varias universidades públicas presentaron un amparo solicitando a la judicatura que declare inconstitucional la negativa de Milei a aplicar la ley promulgada y exigiendo al menos la implementación de los artículos que aumentarían salarios y becas, que consideran más urgentes. La ley también incluye apartados destinados a elevar los gastos de funcionamiento y los recursos.
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En diciembre, el juez federal Martín Cormick ordenó al gobierno ejecutar los artículos de la ley que permitirían un aumento inmediato de salarios y becas. Tras rechazarse la apelación de la administración libertaria, el caso llegó a la Corte Suprema, que desestimó la apelación del gobierno en junio y ordenó cumplir los puntos principales de la ley.
En junio, el Ministerio de Capital Humano y las universidades acordaron un incremento parcial del financiamiento del 24% para los salarios, y una orden judicial de septiembre dirigió fondos específicos a la universidad pública UBA. Sin embargo, los sindicatos y las universidades insisten en que el aumento es insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, y que implementar la ley resolvería el problema.
La semana pasada, el juez Cormick dictaminó que era inconstitucional que el gobierno argentino se negara a cumplir la ley y ordenó a las autoridades implementarla. El gobierno apeló, por lo que la decisión deberá ser analizada por otro tribunal.
El miércoles, Cormick ordenó que el Jefe de Gabinete Diego Santilli pague una multa de AR$100,000 (US$65) por cada día que pase sin que el gobierno implemente la ley, dado que decisiones anteriores fueron desestimadas por las autoridades. Medios locales informaron que la administración de Milei también apelará esta decisión.
¿Cuánto están perdiendo las universidades?
Los salarios de quienes trabajan en las universidades públicas y en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación se encuentran entre los más bajos de la historia, según un informe del grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Tecnología, Ciencia e Innovación (CIICTI).
El informe mostró que, si bien la inflación ha acumulado un aumento del 344% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, los salarios de profesores universitarios, investigadores y empleados solo han aumentado un 236%, lo que significa que quedan rezagados en un 24% en términos reales.
“Para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, los salarios en las universidades nacionales deberían aumentar un 32%”, dijeron.
La firma Zentrix cuestionó la afirmación del gobierno de que no hay fondos para cubrir los gastos que implicaría implementar la ley de financiamiento.
La firma indicó en un informe que el proyecto de presupuesto de 2027, presentado al Congreso en septiembre, “deja fondos suficientes sin asignar para cubrir las necesidades de financiamiento universitario sin afectar el resultado fiscal proyectado.”
La agencia también afirmó que el sector ya ha perdido una quinta parte de su poder adquisitivo, y que 10.000 profesores han dejado sus puestos desde noviembre de 2023. A pesar del acuerdo alcanzado en junio para aumentar parcialmente los salarios de los trabajadores, su ingreso real sigue estando un 22% por debajo de finales de 2023.
