El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió el viernes absolver las acusaciones contra el presidente Javier Milei, la Jefa de Gabinete Karina Milei y otros nueve imputados en la investigación sobre el lanzamiento y el posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA.
El magistrado determinó que los hechos denunciados no encajaban en la definición legal de un delito, fallando conforme a la solicitud presentada por el fiscal Eduardo Taiano.
El escándalo cripto estalló a principios de 2025 cuando el presidente argentino promovió un token que se desplomó unas horas más tarde, dejando a miles de inversionistas con pérdidas que totalizaron millones de dólares.
Desarrolladores de $LIBRA supuestamente retiraron unos US$100 millones del proyecto durante ese periodo, lo que provocó acusaciones de que la operación era un esquema de “pump and dump”, así como señalamientos de uso de información privilegiada.
Además de los hermanos Milei, la decisión del juez abarca a las otras personas investigadas, entre ellas los empresarios argentinos de criptomonedas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y Hayden Mark Davis, el experto estadounidense en cripto considerado el principal promotor de $LIBRA.
En su fallo, Martínez de Giorgi concluyó que todos los acusados debían ser excluidos del caso porque la opinión del fiscal sostenía que no existían pruebas que justificaran la continuación de las diligencias.
El engaño no fue probado
Uno de los temas clave del caso fue determinar si la promoción pública de $LIBRA, su aumento inicial de precio y su subsiguiente caída formaban parte de un plan organizado con la intención de perjudicar a los compradores.
La denuncia sostenía que un mensaje publicado por Milei en su cuenta oficial de X el 14 de febrero de 2025 habría elevado el precio del token, que pasó de un valor inicial de aproximadamente un centavo a casi cinco dólares antes de desplomarse.
Según las acusaciones, billeteras vinculadas a los promotores del proyecto habrían retirado unos 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas.
Sin embargo, la fiscalía sostuvo que un resultado financiero adverso no era suficiente para probar fraude. Su análisis mantuvo que era necesario demostrar en qué consistía exactamente el engaño, cómo se indujo a los compradores a equivocarse y cómo se tomaron las decisiones de inversión.
El juez adoptó ese razonamiento, señalando que la promoción del presidente pudo haber ejercido una influencia significativa en la exposición pública del proyecto, pero que esa circunstancia por sí sola no probaba la existencia de un esquema fraudulento.
En este sentido, la resolución afirmó: “La prominencia de la persona que promueve un activo, la atención pública que rodea su lanzamiento, o la confianza que su participación puede inspirar no constituyen, por sí solas, un esquema fraudulento.”
El juez añadió que era necesario identificar qué aspecto del proyecto o de su operación se presentó de forma engañosa, o qué información relevante se habría ocultado presuntamente.
“La mera secuencia de hechos que involucran la promoción, el aumento del precio del token y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa trayectoria haya sido organizada de antemano con fines fraudulentos,” señaló la resolución.
El juez también citó un antecedente establecido por la Corte Federal de Apelaciones, que había advertido que la teoría inicial de un esquema organizado orquestado desde los niveles más altos del gobierno se había debilitado al evaluarse conforme a los requisitos legales para establecer fraude.
Originalmente publicado en Ámbito
