La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará clases al aire libre y brindará servicios de atención médica gratuitos este martes para exigir al presidente Javier Milei que transfiera los recursos establecidos por la ley de financiamiento de las universidades públicas de 2025, a la cual el gobierno se ha negado a cumplir.
Entre las 8 de la mañana y la medianoche, la universidad ofrecerá servicios médicos, dentales, oftalmológicos, veterinarios y psicológicos gratuitos en las facultades de la UBA, además de asesoría legal y contable.
A la 1 de la tarde, los decanos de las 13 facultades de la universidad también impartirán clases magistrales en la Plaza de Mayo, frente al Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, y ante el Ministerio de Economía.
Decenas de personas acudieron para hacerse revisiones de la presión arterial y electrocardiogramas, entre otros servicios, en la Plaza de Mayo. Varias de ellas dijeron a la cadena hermana del Herald, C5N, que aprovecharon la iniciativa porque no cuentan con seguro médico.
Las medidas son la última apuesta de la UBA para presionar al poder judicial a ordenar al gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento de las Universidades Públicas, la cual prevé un incremento de la financiación de nómina universitaria, presupuestos ajustados por inflación y un aumento de los fondos para becas, infraestructuras y hospitales universitarios.
“En una democracia, el poder judicial debe hacer cumplir la ley. ¡Sin fondos y sin salarios dignos, una universidad es imposible!” declaró el sindicato de trabajadores de la UBA, APUBA, en un comunicado.
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La ley que el gobierno ignora
La Ley de Financiamiento de las Universidades Públicas fue aprobada inicialmente por el Congreso en agosto de 2025. Sin embargo, el presidente Milei la vetó pocos días después, argumentando que contravendría sus metas de cero déficit.
Al mes siguiente, ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto, lo que convirtió al proyecto en ley.
La rama ejecutiva no tuvo otra opción que promulgar la ley, pero lo hizo sin asignar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación.
Más tarde, suspendió la implementación de la ley mediante un nuevo decreto, alegando que no podría entrar en vigor hasta que se determinara la fuente de financiamiento, aunque esa información ya está especificada en la ley.
En respuesta, el Consejo Nacional Interuniversitario y varias universidades públicas presentaron un amparo tras el veto de 2025. Solicitaron al poder judicial que declarara inconstitucional la negativa de Milei a aplicar la ley promulgada.
En diciembre, un juez ordenó al gobierno ejecutar la ley. Tras ser rechazada la apelación de la administración libertaria, el caso llegó a la Corte Suprema, que desestimó la apelación del gobierno en junio y ordenó cumplir con los puntos principales de la ley.
Mientras que ese mes el Ministerio de Capital Humano y las universidades acordaron un aumento parcial de la financiación, y una orden judicial de septiembre dirigió fondos específicos a la UBA, las universidades continúan exigiendo el cumplimiento total del mandato legislativo más amplio.
